El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que el Gobierno de la República Dominicana está elaborando una política minera con una perspectiva hacia el año 2028, enfocada en la modernización y sostenibilidad del sector.
Durante su intervención en el «Seminario de minería canadiense – hacia un futuro sostenible», organizado por la Embajada de Canadá en el país, Santos destacó que esta iniciativa busca actualizar la Ley 146-71, vigente desde hace más de cinco décadas, para adaptarse a las necesidades actuales y futuras de la industria minera.
Entre los aspectos clave de la nueva política se incluyen:
- Explotación responsable de minerales estratégicos: Promover prácticas que aseguren la sostenibilidad y responsabilidad en la extracción de recursos minerales.
- Protección ambiental y mitigación de impactos: Implementar medidas que garanticen la conservación del medio ambiente y la reducción de efectos negativos derivados de las actividades mineras.
- Transparencia y participación ciudadana: Fomentar la apertura informativa y la inclusión de las comunidades en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la minería.
- Desarrollo comunitario en zonas mineras: Impulsar el crecimiento económico y social de las localidades donde se desarrollan proyectos mineros.
- Innovación y transferencia tecnológica: Incorporar avances tecnológicos y promover la transferencia de conocimientos para mejorar la eficiencia y seguridad en el sector.
Santos subrayó que la reforma también contempla la creación de un catastro minero electrónico para una gestión más eficiente y transparente de las concesiones, así como regulaciones actualizadas para la minería subterránea y el cierre de minas, asegurando una explotación más segura y responsable.
Además, el ministro resaltó la importancia de Canadá como socio estratégico en este proceso, aportando tecnología de vanguardia y altos estándares ambientales. La embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline Delima Baril, afirmó que las empresas canadienses operan bajo estrictos estándares ambientales, sociales y de gobernanza, reiterando el compromiso de su país como aliado confiable.
Esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno dominicano con el desarrollo sostenible del sector minero, equilibrando el crecimiento económico con la protección ambiental y el bienestar de las comunidades.