El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una serie de órdenes ejecutivas destinadas a restringir el uso de fondos federales en apoyo a migrantes en situación irregular. Estas medidas buscan prohibir que el dinero de los contribuyentes se utilice para proporcionar beneficios a inmigrantes sin estatus legal y ordenan a las agencias federales identificar programas que actualmente otorgan dichas prestaciones. Además, se pretende garantizar que los fondos federales no se destinen a jurisdicciones «santuario» que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales. La Casa Blanca no ha especificado cuáles prestaciones serán afectadas por estas órdenes; sin embargo, generalmente, las personas sin documentos legales no califican para beneficios federales, excepto en casos de atención médica de emergencia y educación pública gratuita hasta el 12º grado, según un fallo de la Corte Suprema de 1982.
Estas acciones se enmarcan en una serie de medidas adoptadas por la administración Trump para reforzar el control sobre la inmigración y reducir el tamaño del gobierno federal. Otra de las órdenes ejecutivas firmadas instruye a las agencias federales a revisar y eliminar regulaciones consideradas excesivas o que interfieren con las políticas actuales del gobierno. Para ello, se contará con la colaboración del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk.
Estas disposiciones han generado debate en torno a su implementación y el impacto que podrían tener en comunidades locales y en la relación entre los gobiernos federal y estatales. La administración Trump sostiene que estas medidas son necesarias para asegurar que los recursos federales se utilicen de manera adecuada y para fortalecer la aplicación de las leyes de inmigración en todo el país.